La fiscal rebajó hoy a cinco años de prisión la pena solicitada para el ex presidente de la Comunidad de Regantes 'Sol y Arena' Pedro Mena y el administrador de la mercantil cordobesa Tecniriegos, Santiago Penichet, quienes se enfrentaban a un total de 22 años de cárcel en su procesamiento por un presunto delito de estafa y otro contra la Hacienda Pública cometido en la ejecución entre 1993 y 1996 de unas obras de mejora en el sistema de regadíos del Campo de Dalías y de la que derivó "un clarísimo perjuicio para el erario público" de la Junta de Andalucía de 6,6 millones de euros. Durante una sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia casi tres meses después de que comenzase ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, la representante del Ministerio Público modificó su escrito de calificación provisional al aplicar, según detalló ante la sala, el Código Penal de 1985 "más favorable para los acusados" y establecer el concurso ideal de los delitos imputados, a los que también ha eliminado los agravantes ya que el supuesto fraude no afectó a "bienes de primera necesidad". Según argumentó en su alegato, y pese a reconocer que no ha quedado acreditado que Mena recibiese dinero por parte del coprocesado o su empresa, la fiscal estimó que concurre el "engaño suficiente" para afirmar que se produjo "un desplazamiento patrimonial indebido mediante el inflado del presupuesto de la obra", que ascendió a casi 30 millones de euros y que financió en un 40 por ciento el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía. En esta línea, descartó la estrategia procesal de la defensa de Mena, de 70 años, al que atribuyó "recursos intelectuales suficientes" y "afán personalista" al frente de la gestión de la comunidad de regantes para recordar que, tal y como se desprende de la práctica de la prueba testifical, Penichet "llegó de su mano" como redactor del proyecto y que con anterioridad a que éste se formalizase "ambos conocían las subvenciones a las que tenían derecho. El Ministerio Público, para quien los dos procesados participaron en "clara connivencia" en "una gran estafa no admisible ni administrativa, ni estética ni éticamente" al margen del "beneficio industrial legítimo", considera acreditado que Mena y Penichet "maquinaron" inflar el presupuesto global de la obra mediante el uso de tuberías de polipropileno, un material que por novedoso no constaba en la lista oficial de precios Tracsa y cuyo coste inflaron en un 315 por ciento. La manera en que se convocó y conformó la Mesa de Contratación de la actuación, presidida por el ex presidente de 'Sol y Arena' e integrada por dos de sus sobrinos, así como el modo en que se contrató la obra en dos ocasiones por defecto de forma ahondan como prueba de cargo en una causa de la que, para la fiscal, ha habido dos víctimas: "los comuneros que han de hacer frente a obligaciones financieras y la Junta de Andalucía junto con la UE", que abrió expediente y está a la espera de sentencia para adoptar medidas ya que la subvención del IARA se sufragó con fondos europeos.
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