La Audiencia Provincial ha absuelto a M.L.R., una mujer de 36 años y nacionalidad rumana acusada de retener contra su voluntad en Roquetas de Mar (Almería) a dos jóvenes compatriotas para obligarles a ejercer la prostitución y que enfrentaba una petición fiscal de once años de prisión por presuntos delitos de detención ilegal y prostitución. La sentencia de la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, estima que no ha quedado acreditado que las denunciantes fuesen coaccionadas ni que M.L.R. retuviese los pasaportes de ambas, a las que sufragó en febrero de 2008 el coste del billete de autobús desde Rumania que ascendía a 2.000 euros.Señala el tribunal las "imprecisiones y contradicciones" que restan "verosimilitud" al testimonio que una de ellas prestó tanto en instrucción con durante el acto de juicio oral al tiempo que recoge que la otra presunta víctima reconoció haber "mentido" después de que fuese detenida por la Guardia Civil dos meses después de la denuncia en el transcurso de una operación contra la prostitución en un club de alterne de Roquetas de Mar pese a que había sido repatriada a su país natal. En concreto, la única de ellas que llegó a practicar sexo por dinero mientras convivió con la acusada en una vivienda ubicada en Roquetas de Mar, aseguró en abril de 2008 ante el Juzgado de Instrucción número 3 que su declaración contra M.L.R. "era falsa totalmente" porque, según se justificó, pensaba que la prostitución estaba penada en España y "quería evitar la cárcel". La otra joven de 19 años, la que interpuso la denuncia en febrero de 2008 de la que derivó la causa, prestó ante la sala un testimonio "impreciso" con el que, según subraya el fallo, incurrió en "tantas" contradicciones que no es posible constatar que la acusada le sometiese a vigilancia continúa o le impidiese salir de la vivienda que compartían. Tampoco dio explicación acerca de porqué los agentes de la Guardia Civil halló en los bolsillos de su cazadora el pasaporte que supuestamente le había quitado para impedir su huida. Los testigos que depusieron en sala confirmaron que en el inmueble residían personas "ajenas" a la actividad atribuida a M.L.R., a las que podía "haber pedido auxilio". Además, revelaron que la puerta de acceso al piso no estaba cerrada con llave, por lo que podía "salir al exterior con tan solo descorrer el cerrojo". La acusada permanecía en prisión provisional en el centro penitenciario provincial de El Acebuche desde el 7 de febrero del pasado años cuando era arrestada por agentes de la Guardia Civil tras la denuncia en la que se le imputó la detención ilegal de las dos jóvenes después de que afirmarán que las obligó a ejercer la prostitución para pagar los 2.000 euros de coste del viaje desde Rumania, al que habían accedido con la promesa de conseguir empleo en el sector de la hostelería.
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