La operación desarrollada por el Servicio de Investigación Interna del Cuerpo Nacional de Policía para desarticular una presunta red de estafa a inmigrantes en Almería se ha saldado, por el momento, con la detención de siete empleados públicos destinados en la Oficina de Extranjería, entre ellos tres agentes y un funcionario de la Administración del Estado a los que se imputa un presunto delito de cohecho por "agilizar" la tramitación de las tarjetas de trabajo y residencia a cambio de dinero. Fuentes de la investigación, que continúa abierta por lo que, en próximas horas, no se descartan nuevos arrestos, precisaron a Europa Press que la actuación en las dependencias gubernamentales ubicadas en la calle Marruecos de la capital se saldó ayer con la detención del hijo y la nuera de uno de los policías implicados, al parecer, en segunda actividad y que fue trasladado desde la Oficina de Expedición del DNI de la Comisaria Provincial. Las siete personas arrestadas en la jornada de ayer prestarán declaración en la tarde de hoy ante la Policía Nacional y está previsto que a lo largo de mañana pasen a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 6 encargado de las diligencias, sobre las que se ha decretado secreto de sumario en aras de no entorpecer la "conclusión satisfactoria" de la operación. Las mismas fuentes apuntaron que la denuncia de la que deriva la actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía parte de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General en Madrid y al que atribuyen "una relación muy tensa" con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina, también detenido. En esta línea, aseguraron que, de momento, los precedentes de las "malas relaciones" entre denunciante e implicados aconsejan poner la veracidad de los hechos "en cuarentena" al tiempo que expresaron su desacuerdo con la intervención del servicio de investigación interna, que calificaron de "calamitosa" ya que, a su juicio, "en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa". Al parecer, la presunta red de estafa a inmigrantes, integrada por personas con un largo historial de servicio y en segunda actividad, aprovechó las listas de espera de hasta dos meses para la obtención de las tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España y se ofrecía a agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica cuyos importes no han trascendido por el momento.
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