La Audiencia Provincial ha condenado a un año y nueve meses de prisión a Antonio R.F., un vecino de Roquetas de Mar (Almería) de 64 años que entre los años 1999 y 2000 estafó más de 32.000 euros a 18 ciudadanas de origen ruso en situación irregular en España, a las que engañó haciéndose pasar por un abogado capaz de tramitar permisos de residencia temporal y exenciones de visado de acuerdo a la Ley de Extranjería ya derogada. La sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, considera al principal procesado en la causa autor de un delito continuado de estafa al que aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas pero le absuelve, junto a dos hermanos que ejercen como médicos en el municipio del Poniente –A.R.G. y F.R.G.– de otro delito continuado de falsedad documental pese a que el inductor de la trama admitió en el acto de juicio oral haberles encargado certificados donde constaban enfermedades supuesta. Antonio R.F., natural de Badalona (Barcelona), contactó con los facultativos para que le ayudasen a ejecutar parte del plan por él ideado, que consistía en intentar acreditar ante la Administración que las víctimas no podían regresar a su país natal para la tramitación y obtención del visado debido a patologías que, presuntamente, les impedían viajar. Para tal fin, facilitó a las 18 mujeres el contacto de ambos hermanos, naturales de Salamanca, que a cambio de una remuneración económica libraban los citados certificados. Entre las enfermedades atribuidas a las ciudadanas rusas, de las que para el magistrado ponente Andrés Vélez Ramal no existe constancia de que no fuesen reales en el momento en el que A.R.G. y F.R.G. las diagnosticaron, figuran episodios de migraña, escoliosis, dolencias en el útero, riesgo de aborto o bronquitis asmática. La sentencia recoge, no obstante, el fallo absolutorio para ambos y Antonio R.F., para quienes el fiscal solicita por el delito de falsedad multas de 18 y ocho meses a razón de 30 euros al día y de nueve meses a razón de 13 euros al día, respectivamente. El tribunal sí considera probado que el principal acusado logró convencer entre finales de 1999 y principios de 200 a un número indeterminado de mujeres en situación irregular en España a las que convenció de que era abogado y de que les podría gestionar la obtención de un permiso de residencia temporal además de la exención del visado correspondiente. Para iniciar los tramites que resultaron a la postre un fraude exigió a las 18 víctimas que abriesen en distintas entidades financieras sendas cuentas que, según sus indicaciones, debían contener fondos por valor de, al menos, 6.000 euros que se vieron obligadas a pedir a familiares y amigos y que, según les garantizó Antonio R.F., les permitiría cumplir el requisito de contar con suficientes recursos económicos en España. Una vez obraban en poder de las mujeres los extractos de las cuentas bancarias y los certificados médicos, les pidió el abono de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.800 y los 3.000 euros para, de este modo les decía, entregarlos a funcionarios y policías encargados de la tramitación de los permisos de residencia temporal, extremó que si ejecutó pese a que se "embolsó" un total de 32.154,33 euros que deberá devolver en concepto de indemnización.
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