El alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, ha defendido hoy la "completa legalidad" del proceso de adjudicación del contrato de obras para construir una nave municipal en 2007 y ha trasladado su "confianza" en que quedará acreditado que no incurrió en un presunto delito de prevaricación, tal y como apunta un escrito del fiscal del Tribunal Supremo (TS) que interesa la admisión a trámite de la querella interpuesta por el grupo del PSOE en el Consistorio gadorense.
Gonzálvez, que acusó a los socialistas de querer "enmarañar" la vida política de Gádor a través de la "confusión y el daño a su equipo de gobierno", tildó en una nota el supuesto ilícito penal como "controversia administrativa" al tiempo que subrayó que el contrato para finalizar la ejecución del citado equipamiento municipal para usos múltiples se hizo de forma "legal y a la oferta más ventajosa recibida en su momento".
Tras apuntar que, "en cualquier caso", la adjudicación debería dirimirse a través de la vía contencioso-administrativa, el senador y primer edil popular desde 2987 atribuyó al portavoz del PSOE en la corporación local, Juan Antonio Almansa, una "clara intención de minar" su credibilidad ante lo que, según aseguró, está "totalmente tranquilo ya que todo lo que he hecho con esta obra es darle servicio a los ciudadanos y no beneficiar a hijos y familiares", en referencia al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.
Al hilo de esto, calificó de "llamativa" la forma de hacer pública la decisión del TS y aludió a lo que, a su juicio, supone "una más que visible politización de la actuaciones de la Fiscalía Provincial de Almería" desde que se produjese, en febrero, la visita del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
El escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press y remitido al ponente de la causa especial, el magistrado cordobés Juan Ramón Berdugo, para que se pronuncie cree que la actuación de Gonzálvez contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado al tiempo que considera que en la adjudicación de obra y en la orden de pago por valor de 144.837 euros se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa y de un informe en el que el secretario-interventor expresaba "reparo".
Atribuye, en esta línea, al senador popular y primer edil gadorense "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, según subraya, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
