La organización agraria COAG avanzó hoy un calendario de movilizaciones que se iniciará el próximo día 11 ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para alertar del descenso anual en un diez por ciento de la renta agraria en España que podría derivar en una destrucción de empleo al mismo ritmo en el sector de mantenerse tanto el "sangrante incumplimiento" del acuerdo preferencial para importaciones hortícolas suscrito con la UE con Marruecos como los planteamientos con los que se está afrontando bilateralmente la renegociación actual del citado acuerdo. En una rueda de prensa posterior a la reunión celebrada en la capital con asistencia de los secretarios provinciales del colectivo en Málaga, Granada, Sevilla y Murcia, así como de la Ejecutiva nacional, el responsable en Almería, Andrés Góngora, detalló el pliego de reivindicaciones "absolutamente necesarias" que elevarán ante el Gobierno central. Dichas medidas pasan, entre otras, por urgir que se pongan en marcha "de forma inmediata" los mecanismos de control del contingente de tomate alaüí y se dé "transparencia" a las conversaciones con la UE ante la "sospecha cierta" de que se produzca una liberalización en productos calificados hasta ahora como "sensibles" por la normativa comunitaria.Góngora reveló, en la misma línea argumental utilizada ayer por la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta), que durante el pasado mes de enero sólo en Perpignan (Francia) "se vendieron 20.000 toneladas de tomate marroquí" lo que supone un 65 por ciento del total de 31.300 toneladas que puede introducir en los mercados europeos. A esto hay que sumar, según añadió, que el kilo se ha comercializado a 45 céntimos cuando el coste "mínimo" de entrada que fija el acuerdo preferencial en vigor es de 46 céntimos "sin descontar el beneficio que se lleva el asentador". Ambas circunstancias, según advirtió COAG, generan una "alarmante pérdida de competitividad" de las zonas hortícolas del arco Mediterráneo que deben lidiar además con el "brutal" incremento registrado en los costes de producción. Al hilo de esto, desde la organización agraria se mostraron, asimismo, especialmente críticos con el doble discurso "tanto de las autoridades españolas como europeas" que aluden a la necesidad de contribuir al desarrollo del tercer mundo cuando estas políticas "provocan la destrucción de las explotaciones familiares en favor de las grandes multinacionales que se benefician del bajo coste en mano de obra". En esta línea, el miembro de la Ejecutiva nacional de la organización agraria Miguel Padilla enfatizó que desde COAG, "socia fundadora de una organización mundial de campesinos" no se apuesta por erradicar la producción hortícola en estos terceros países sino que se quiere "alertar de que se nos está claramente engañando" para "deslocalizar" a grandes productores "también de Almería y Murcia", concluyó. La "tabla de reivindicaciones" que la organización agraria llevará ante el Ministerio de Asuntos Exteriores incluye la petición de que se mantengan los precios mínimos de entrada para los productos calificados de "sensibles" por la UE el pasado mes de junio –tomate, fresa, calabacín, ajo y clementina– de modo que permita el "equilibrio competitivo", así como el que se someta a las importaciones al mismo control de fitosanitarios que en la UE.
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