El plan especial de inspección de transportes implantado en septiembre de forma coordinada por la Subdelegación del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Jefatura de la Policía Local se ha saldado con la interposición de casi 200 denuncias por intrusismo en el sector del taxi y la incoación de 165 expedientes sancionadores por importe de 1.501 euros contra conductores que ofertaban de manera ilegal servicio discrecional de viajeros. Así se desprende del balance hecho hoy durante la reunión mantenida con representantes del gremio, según informó a Europa Press la delegada provincial de Obras Públicas y Transportes, Alejandra Rueda, quien calificó de "éxito" la iniciativa que han intensificado la "efectividad" de la inspecciones y duplicado los expedientes por infracciones de este tipo desde 2006, año en que se registraron 71 por 73 tramitados el pasado ejercicio. El citado "éxito", que Rueda atribuyó a la acción coordinada de las administraciones con competencias en la materia, así como a la participación de los profesionales de sector para los que se habilitó un fax "especial para este tipo de denuncias", choca, no obstante, según matizó, con el problema de probar la existencia de una contraprestación económica para el conductor del vehículo que presta el servicio irregular sino "se cuenta con la colaboración de los pasajeros que suelen alegar ser sus conocidos". Pese a ello, la información facilitada por los taxistas sobre matrículas y lugares frecuentados por los intrusos ha hecho posible que los inspectores adscritos a la Junta de Andalucía "ya no salgan a ciegas" y lo hagan, además, en compañía de efectivos de la Policía Local que ha asumido "su papel fundamental" para el control de las infracciones en servicio discrecional de viajeros.
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