La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Aránzazu Martín ha pedido hoy al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, que explique las medidas en materia de control de la legalidad urbanística que ha adoptado el Consejo de Gobierno en el municipio de Huércal-Overa, en donde se han producido recalificaciones que “presumiblemente benefician a miembros del equipo de gobierno de la corporación municipal socialista como al alcalde y varios concejales, así como a empresarios vinculados con el PSOE”, a lo que el consejero ha contestado que “la Junta de Andalucía ha abierto diligencias en el caso de Huércal-Overa a través de la Dirección General de Inspección Urbanística”. Martín, ha recordado a Espadas que este asunto ya se llevó al Parlamento en la legislatura pasada, y que hoy el PP lo hace otra vez ante una nueva investigación de la Fiscalía que ha provocado que tanto el alcalde, Luis García Collado, como 5 concejales hayan sido llamados nuevamente a declarar ante el juzgado. La parlamentaria del PP ha instado al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio a que explique por qué la provincia de Almería se está convirtiendo en “el cortijo de los testaferros socialistas”, y por qué el Gobierno de la Junta está permitiendo que se haga un “urbanismo a la carta” en el levante almeriense. Para Aránzazu Martín, el asunto es tan grave, que asegura que la Junta, ante los 23 imputados, ya debería haber tomado medidas, porque según explica no es normal que “concejales del Ayuntamiento votaran un PGOU en el que luego se han visto beneficiados ellos y sus familiares, que utilizaran información de la que otros carecían y que ocultaran datos porque no ha mediado publicidad entre las modificaciones de la aprobación inicial y la provisional”. Por otra parte, Aránzazu Martín ha señalado que no entiende como el alcalde de Huércal-Overa puede estar tan tranquilo y que encima asegure que se trata de “mentiras del PP sin ningún tipo de sonrojo” cuando los hechos los está investigando la Fiscalía y como el propio consejero ha afirmado, también los está investigando la Junta de Andalucía. “Como usted dijo ayer en el Parlamento ‘Ante conductas corruptas, tolerancia cero’, pues desde el PP le pedimos que se comprometa con esta afirmación, y si detecta la más mínima sospecha de irregularidad, aunque vaya tarde, actúe con las competencias que la Ley pone a su disposición, porque si no lo hace será culpable de omisión de nuevas presuntas irregularidades urbanísticas y tendrá que responder políticamente”, concluye.
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