El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, señaló hoy que el informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo –que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE– no da un "reflejo objetivo" de la realidad urbanística en la comunidad autónoma. En declaraciones a los periodistas, Espadas indicó que, a su juicio, dicho informe no da una visión "real", sino que ofrece una "fotografía" en la cual se da a entender que el litoral español no se ha protegido y el medio ambiente ha sufrido un gran grado de deterioro, "y eso es falso". "Es un informe sesgado y parcial, que no obstante pone de manifiesto algo en lo que sí estoy de acuerdo, en relación al crecimiento urbanístico equivocado y erróneo en algunos puntos concretos del litoral español donde se ha transgredido el ordenamiento jurídico y no se ha respetado la mínima coherencia de sostenibilidad del territorio", subrayó el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. En su opinión, en lo tocante a Andalucía, el informe da una imagen "parcial", pues obvia aspectos tales como que Almería y el litoral del Cabo de Gata cuenta con el mayor número de kilómetros de costa protegidos de Europa. No cree "justo" que el caso de Marbella (Málaga), con 18.000 viviendas ilegales, sea "la foto del conjunto de los ayuntamientos andaluces". Espadas prosiguió indicando que el informe "traslada una foto que no es la actual", ya que "es un informe sobre lo que ha pasado, no sobre lo que va a pasar", lamentando al respecto que se haya pasado de criticar al gobierno andaluz por su dureza a hacerlo por su laxitud. "Hay que ser coherentes", aseveró. En el futuro, vaticinó, se entrará en un modelo "mucho más ordenado" de gestión del territorio, frente a las situaciones anteriores "en las que la especulación, la avaricia y el descontrol han propiciado que los ayuntamientos no hayan llegado a tiempo de evitar determinadas situciones". Por último, el consejero recalcó que el informe no hace referencia a la "presión" ejercida por muchos ciudadanos no españoles, que han edificado sin que esta dinámica haya podido ser detenida por ayuntamientos o personas con unas circunstancias económicas tales "que cuando se les hacía una oferta no preguntaban más".
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