La delegación de Obras Públicas y diversos ayuntamietnos han colaborado en la elaboración de estos registros, necesarios para planificar la labor municipal de control urbanístico. En ellos se pone de manifiesto que más de 900 casas podrían ser derribadas por estas ubicadas en una zona no urbanizable protegida.
La consejera de obras públicas, Josefina Cruz, se ha reunido con los alcaldes de diez municipios de la comarca del Almanzora y les ha entregado los inventarios de construcciones en suelos no urbanizables, donde se han localizado un total de 12.697 edificaciones irregulares.La consejera ha comentado a los alcaldes la necesidad de continuar trabajando en la normalización del ordenamiento urbanístico. Del conjunto de esas numerosas irregularidades, un 7,2 por ciento, es decir más de 900 edificaciones se encuentran en terreno no urbanizable de especial protección, o que cuentan con menos de cuatro años desde su finalización, o bien no están concluidas. En estos tres supuestos la infracción aun no ha prescrito, por lo que precisa de una respuesta por parte de los ayuntamientos cuando vayan a organizar su planeamiento, aunque no se descarta su derribo.En éste sentido, la Consejería está trabajando en la elaboración de un decreto de ámbito regional que establezca los procedimientos adecuados para dotar de licencia de ocupación a aquellas construcciones que se encuentran fuera de ordenación. Serán pues los propietarios del resto de viviendas que obtengan el permiso los encargados de proporcionarse los servicios de agua y luz.
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